El tribunal de Luxemburgo tumba la decisión de Almunia contra el sector naval español.
Y van tres Sr. Almunia. Hace poco más de un año fueron las bonificaciones fiscales a las multinacionales; ayer la anulación de la multa de 790 millones de euros a once aerolíneas, y hoy el tax-lease.
El tax-lease es el Sistema español de arrendamiento fiscal aplicable a las empresas navieras desde 2002. Este sistema permitía generar créditos fiscales a las empresas que invertían en la construcción de buques para su posterior arrendamiento y venta a navieras, que a su vez los compraban con un descuento de entre el 20% y el 30%. Las empresas rebajaban su factura fiscal, los astilleros recibían pedidos y generaban empleo y las navieras adquirían barcos más baratos.
En 2006, el Gobierno holandés denunció hace años la posición dominante de España en la construcción de barcos, especialmente los de una dimensión mediana relacionados con las plantas petrolíferas, gracias a las ayudas al sector y lo comunicó a la UE. La comisaria de Competencia de aquel entonces, Neelie Kroes, también holandesa, estimó finalmente que no había ayudas ilegales. Fue Almunia (Don Joaquín), sucesor de Kroes, que en una segunda denuncia decidió abrir una investigación paralizando el sector en España, resultando Holanda el gran beneficiado.
Este dictamen responde a un recurso interpuesto por el Gobierno español en contra del Ejecutivo comunitario y otro presentado por Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, además de otros 63 recursos de unas ochenta empresas, que también se beneficiarán de esta sentencia.
