jueves, 23 de julio de 2015

Revalorización del IPC de las prestaciones de los prejubilados a partir del 2012.

SEPI y CCOO, manifiestan la conveniencia de arbitrar fórmulas ágiles y operativas, para la ejecución de las sentencias de 9 y 31 de marzo de 2015, que obligan a revalorizar con los IPCs de las prestaciones de los prejubilados a partir del 2012.


En el día de hoy y en sede de SEPI, la Federación de CCOO de Industria ha exigido que el proceso de ejecución de las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 9 y 31 de marzo de 2015, promovidas por CCOO y UGT, se lleve a efecto de forma inmediata y a través de un proceso ordenado.

En ambas sentencias el Tribunal Supremo condena a SEPI a hacer efectivo el cumplimiento de los acuerdos de garantías pactadas con las Organizaciones Sindicales sin que les pueda ser de aplicación la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado que pretendía extender la congelación salarial al colectivo de prejubilados de empresas SEPI (IZAR, BABCOCK, AHV, IMENOSA, MAYASA…….).

En otro orden de cosas y dentro de la misma reunión también se trataron, como temas más relevantes, temas como, el incumplimiento de parte de los aspectos sociales y fiscales del colectivo dependiente de IZAR e incidencias con el cálculo de los salarios reguladores del último expediente de Sestao. Como conclusión a este respecto acordamos mantener sendas reuniones específicas los días nueve y diez de septiembre.

La Federación de CCOO de Industria advierte que, si el día nueve de septiembre no hay una respuesta favorable por parte de SEPI y Hacienda a la aplicación y ejecución de las sentencias sobre la actualización de los IPCs de los prejubilados de las empresas SEPI, procederemos al inicio de un macroproceso judicial para la ejecución de las mismas.

Para CCOO de Industria, el alto grado de incumplimientos y conflictos, así como la falta de soluciones que garanticen el cumplimiento de los pactos laborales en el entorno de las empresas SEPI, no es más que una apuesta deliberada de este Gobierno por seguir socavando la reputación del Sector industrial Público Estatal.